El impacto de los operadores de jardines infantiles en Colombia

La atención integral para la primera infancia y la niñez es un derecho fundamental que prevalece frente al de cualquier otra población. En Colombia, se vulnera por las prácticas poco eficientes en la contratación de operadores de jardines infantiles.

El ICBF en su proceso de adjudicación de operadores de CDIs (Centros Desarrollo Infantil) ha tenido varios puntos grises en los últimos años, el año pasado a pesar de buscar mejorar y hacer más transparente este proceso con inteligencia artificial, a través de la herramienta Betto, no logró cumplir del todo su objetivo. 

Grandes retos se pasaron por alto: los largos tiempos de adjudicación, la calidad del servicio de los adjudicados, un proceso hermético que no fue comunicado efectivamente y cambios en las condiciones de la operación. Acá trataremos algunos de ellos, que esperamos no se repitan en las adjudicaciones que vienen próximamente por las consecuencias que deja este proceso en la niñez y la primera infancia.

A continuación un breve recorrido de lo que está sucediendo hoy, las consecuencias en las niñas y niños, las familias y la importancia de que dejen de suceder ciertas situaciones para garantizar la atención integral a la niñez y la primera infancia como derecho fundamental que prevalece frente a los demás grupos poblaciones. Una situación urgente de solucionar para el bienestar y desarrollo del país.

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¿Qué está pasando hoy con los operadores de Jardines Infantiles?

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la herramienta Betto, seleccionó operadores para 1.153 contratos que permitirían brindar atención a la primera infancia en los 1.103 municipios del país. “Con la selección que hizo Betto buscamos garantizar la protección, el bienestar y garantía de los derechos de la niñez. Este proceso permitió escoger a los mejores operadores en la contratación de los servicios, con diversidad de oferentes y sin concentración de contratos”, como anunció la Directora General del ICBF, Lina Arbeláez.

De los 11.845 operadores postulados para prestar la atención a la niñez y la primera infancia, la herramienta seleccionó operadores para 1.153 contratos

Fuente: ICBF

El proceso de selección tuvo en cuenta a los operadores previamente habilitados en el Banco Nacional de Oferentes, para prestar sus servicios en cuatro modalidades: Institucional, Familiar, Hogares Infantiles y Propia e Intercultural. Y como sostiene el ICBF, se trata de una  forma de selección que busca postular mejores operadores de los servicios de la primera infancia bajo unos criterios objetivos, entre ellos la experiencia territorial, la buena trayectoria de cada uno de los oferentes, su capacidad operativa y financiera para prestar los servicios, tal como lo estipula la Resolución 6694 del 16 de diciembre de 2020. El puntaje se reduce en caso de que un operador presente alguna sanción.

En principio, un propósito favorable para garantizar la calidad en la atención de las niñas y niños en el país, que sin embargo, no contempla aspectos que impactan de manera negativa a la niñez y la primera infancia, y necesitan una solución efectiva. Como las demoras en la adjudicación que impacta en el retraso de inicio de las operaciones, dificulta las posibilidades de los hogares con escasos recursos, y afecta el desarrollo de quienes menos deberían sufrir las consecuencias: las niñas y niños.

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De acuerdo con las noticias del diario El Tiempo, uno de los casos más sonados en el país es el caso de Medellín con su programa “Buen Comienzo”, el cual se retrasó en el inicio de sus operaciones para la atención integral a la primera infancia, según las denuncias de la ciudadanía publicada con el hashtag #UnDíaMásSinBuenComienzo, la demora afectó a los niños y niñas, desde los 0 a los 5 años, frente a su educación y alimentación gratuita en varias sedes de la capital antioqueña.

Este programa ocupó varios titulares de los medios de comunicación en años pasados cuando se señaló que los cambios en los requisitos para operar obedecían a favores políticos para favorecer a ciertos operadores de los jardines infantiles. También ocupó varias menciones en los medios de comunicación cuando se volvió noticia la Fundación Carla Cristina, la cual habría falsificado un documento para ser habilitada como operadora del programa.

¿Qué pasa con la calidad?

Aunque en el primer plano permanezcan las controversias por corrupción en la boca de las personas y en los medios de comunicación, mientras tanto se perjudican los derechos fundamentales de la niñez y la primera infancia en un momento crucial para su desarrollo individual y con consecuencias en la sociedad, pues trae una cadena de dificultades que generan un círculo vicioso de problemáticas con impactos a largo plazo.

Betto en búsqueda de la transparencia en el proceso, pudo desestimar operadores de calidad con experiencia y trayectoria, mientras que otros actores que no necesariamente ofrecían una atención de calidad aunque cumplieran con los requisitos, podían ser seleccionados. ¿Los requisitos están pensandos en garantizar realmente la calidad? El estándar de calidad actual que se exige no necesariamente garantiza que la atención sea la más óptima para la niñez y la primera infancia.

Cuando los agentes educativos no pueden ejercer su labor

Una de las consecuencias por las demoras en el inicio de las operaciones, es la precariedad de las condiciones laborales de los agentes educativos, quienes permanecen sin trabajo y con la incertidumbre que luego afecta a los niños a quienes atienden, y mientras que no pueden ejercer su labor, las madres comunitarias tienen que suplir las necesidades educativas y del personal administrativo sin las competencias, ni conocimientos necesarios.

Los meses sin atención tienen un impacto en el desarrollo de los niños, ya que se acumulan con los períodos de vacaciones. El año pasado, esta situación se extendió hasta más de 6 meses en algunas partes del país. En consecuencia, pudo ser una condición determinante para incentivar la deserción escolar en el marco del regreso a la educación presencial. 

Por otra parte, al hablar de la calidad de la educación y atención a la primera infancia se debe ampliar la conversación para que aquellas personas que promueven el desarrollo de los niños y niñas tengan condiciones laborales estables. No sólo por los derechos laborales del personal que es lo mínimo, sino porque esto puede llevar a que también la calidad disminuya al no poder garantizar la permanencia del personal.

Aumento de las brechas entre los más y menos favorecidos

La demora en la adjudicación de los jardines públicos amplía la brecha entre los más y menos favorecidos. Ya no solamente hablamos de quiénes acceden o no a estos servicios, sino de la brecha entre quiénes acceden a estos servicios operados por públicos y por privados, que entran en tiempos establecidos. Esto lleva a ampliar la brecha aún más.

Otra de las consecuencias de los procesos de adjudicación de los operadores de los jardines infantiles públicos se refleja en el impacto a la calidad de atención, uno de los aspectos que más se busca mejorar, para garantizar la atención de la niñez y la primera infancia.

Sin embargo, de acuerdo con los testimonios publicados en el diario El Espectador, aún se ven y se viven historias en las que los padres de familia, especialmente los de escasos recursos, tienen que hacer más trámites que desconocen para matricular a sus hijos, con indicaciones poco claras, que llevan a la desmotivación y dificultad para que accedan a los jardines infantiles y se afecte así su acceso.

Muchas de las familias no cuentan con internet y se les obliga a estar al tanto de los nuevos procesos por este medio, al mismo tiempo, se usa como recurso de aprendizaje cuando la presencialidad aún no es la norma y como medio de operación provisional. Aun cuando las familias no cuentan con este servicio.

Mejorar el proceso

Es urgente replantear los procesos de adjudicación de los operadores de centros de desarrollo infantil en Colombia para que se tenga en cuenta la realidad de las familias, la niñez y la primera infancia y se piense en facilitar su acceso y garantía, para que la calidad se garantice desde diferentes acciones y programas de capacitación y mejora constante que involucre a la comunidad y no como una barrera para ella. 

La educación de calidad debe ser un vehículo para el cierre de brechas y no para la ampliación existente de las miles de dificultades con las que ya conviven los hogares de la mayoría del territorio nacional. Está en juego el desarrollo integral presente y futuro de la niñez y la primera infancia.

Cabe mencionar que el control de los operadores es un aspecto importante para que los jardines infantiles públicos constituyan un entorno seguro para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, que debe ser real y efectivo y no una excusa para poner en primer plano la corrupción y luego se destapen controversias de faltas en la atención y la garantía de los derechos de la niñez y la primera infancia.

Por último, es importante la inclusión de la comunidad docente, agentes educativos y madres comunitarias, quienes son los protagonistas en la atención integral y de calidad de los niños y niñas, es clave garantizar su protección, su capacitación y garantías para que puedan desempeñar su labor con calidad.